DEMOCRACIA SOCIALISTA Y ELECCIONES EN CUBA

Escribe: Wilder A. Sánchez Sánchez

En Cuba, cada dos años y medio se realizan elecciones parciales en las que los ciudadanos eligen a quienes serán sus representantes en los órganos de gobierno local (Asambleas Municipales del Poder Popular), y cada cinco años se efectúan elecciones generales para las instancias provinciales de gobierno (Asambleas Provinciales del Poder Popular) y para los organismos de poder y de gobierno nacional: la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado (incluyendo los cargos de Presidente y Vicepresidentes de la República).  Sin embargo, los medios de comunicación burgueses de todo el mundo, los políticos y analistas políticos de derecha ocultan y tergiversan esta realidad y no cesan de pregonar que en Cuba no hay democracia sino la dictadura del partido comunista, o, peor, de los Castro; la desinformación es de tal magnitud que, incluso, muchos políticos y periodistas considerados de izquierda dicen que el sistema político cubano es una dictadura.

Para entender el sistema electoral cubano y cómo se ejerce la democracia representativa, primero se tiene que saber cuál es la división político-administrativa del país y qué es el Poder Popular.  La República de Cuba se divide en 15 provincias, más el Municipio Especial Isla de la Juventud; las provincias, a su vez, se subdividen en municipios (en el Perú equivaldrían a los distritos), haciendo un total de 168 municipios.   Antes de cada proceso eleccionario y sólo con este fin, en cada municipio se crean circunscripciones electorales en base a la cantidad de habitantes: una circunscripción debe tener 200 habitantes como mínimo y 3,000 como máximo, y en la mayoría de circunscripciones se establecen áreas para posibilitar la masiva participación de los vecinos en asambleas de nominación, en las que los propios electores proponen y nominan sus candidatos.

El sistema del Poder Popular comprende un conjunto de órganos y dependencias estatales vinculados entre sí, a nivel local (municipal), provincial y nacional.  En cada uno de los 168 municipios (distritos) de Cuba el máximo órgano local del Poder del Estado es la Asamblea Municipal del Poder Popular, que está integrada por delegados de cada una de las circunscripciones electorales del municipio, elegidos mediante voto directo y secreto de los ciudadanos residentes en el territorio del municipio.  En cada una de las 15 provincias de Cuba el máximo órgano del Poder del Estado es la Asamblea Provincial del Poder Popular, que la integran delegados de cada uno de los municipios de la provincia, elegidos por voto directo y secreto de los electores residentes en el ámbito provincial.  A nivel nacional el máximo órgano del Estado es la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es la única institución que tiene potestad constituyente y de dar leyes; está integrada por diputados elegidos por los ciudadanos de todo el país mediante voto directo y secreto. A su vez, el día de su instalación, la Asamblea Nacional elige, de entre sus diputados, al Consejo de Estado (compuesto por el Presidente de la República, un Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secretario y 23 miembros más).  Luego, la Asamblea Nacional, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, designa al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes, al Secretario y demás miembros del Consejo de Ministros, que viene a ser el Poder Ejecutivo de la nación.

El sistema electoral cubano tiene el carácter de democracia representativa, pero va mucho más allá de los límites de la democracia representativa burguesa existente en países capitalistas, pues incorpora en todo lo posible las formas de democracia directa y socialista, promoviendo la participación real de los ciudadanos, desde la postulación de los candidatos por los propios electores hasta el control de éstos sobre sus representantes elegidos mediante los mecanismos de rendición de cuenta y de la revocatoria.

Para entender mejor las características del sistema electoral cubano y cómo se ejerce la democracia representativa habría que compararlos con cualquiera de los sistemas electorales de los países capitalistas.  En este artículo se hace la comparación con el sistema peruano; las diferencias entre uno y otro podrán ser coincidentes o muy similares si se tomara a otro país capitalista para establecer el parangón.

DEMOCRACIA EN CUBA Y EN EL PERÚ

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN EL PERÚ	DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN CUBA
Se es ciudadano y se tiene derecho a elegir o ser elegido a partir de los 18 años de edad.	Se es ciudadano y se tiene derecho a elegir o ser elegido a partir de los 16 años de edad.
La inscripción es universal pero pagada.  Las listas de electores se publican en cada circunscripción antes de cada proceso electoral.	La inscripción es universal, automática y gratuita para todos los ciudadanos.  Las listas de electores se publican en cada circunscripción antes de cada proceso electoral.
Para ejercer los cargos en el Gobierno Nacional, en el Congreso, en los Gobiernos Regionales y en los Gobiernos Municipales, compiten partidos políticos (siempre que hayan reunido las firmas necesarias, se hayan inscrito y no hayan sido tachados).	Para ejercer los cargos en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en las Asambleas Provinciales del Poder Popular y en la Asamblea Nacional del Poder Popular (y por ende en el Consejo de Estado) participan los ciudadanos.
Los candidatos a presidente, vicepresidentes, congresistas, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales son postulados (nominados) por los partidos políticos, no por la población.  Por tanto, es necesario estar afiliado a un partido o movimiento político para poder ser candidato.  Los ciudadanos que no militan en algún partido, que son la inmensa mayoría, no tienen ninguna posibilidad o muy poca posibilidad de ser candidatos, salvo que sean invitados por algún partido. Además, los candidatos de los partidos los deciden las cúpulas partidarias, generalmente de entre los propios miembros de tales cúpulas, aunque después se hagan elecciones internas, como regula la nueva ley electoral. En lo único que sí tienen participación y decisión los ciudadanos electores es el día de las elecciones, para elegir al presidente, congresistas, presidentes regionales (gobernadores), alcalde o regidores, de entre los candidatos a tales cargos presentados por los diversos partidos que compiten.	Los candidatos a delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular (mínimo 2 y máximo 8 candidatos por cada circunscripción electoral de cada municipio) son propuestos y nominados directamente por los ciudadanos electores en asambleas públicas de las diversas áreas (zonas vecinales) que componen cada circunscripción electoral, y después, el día de las elecciones, los ciudadanos vuelven a participar para elegir, mediante voto directo y secreto, a sus delegados a tales asambleas municipales. Cada 5 años, los ciudadanos también eligen, de entre los candidatos presentados (nominados) por las asambleas municipales, a los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.  Asimismo, cada 5 años también eligen, de entre los candidatos nominados por las asambleas municipales, a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el máximo órgano del Estado. Por tanto, los candidatos no son propuestos ni elegidos por el Partido Comunista u otros partidos. (El Partido Comunista no postula ni elige).  Cada ciudadano puede ser candidato sin necesidad de estar afiliado al PCC.
Hay intensas y costosas campañas electorales.  Los partidos gastan sumas millonarias en las campañas.  Estos gastos los tienen que cubrir los candidatos (en función al orden de ubicación en las listas de candidatos); y se permite que no sólo los militantes y simpatizantes de cada partido den cuotas o aportes, sino también que personas jurídicas (léase empresas o entidades privadas) den donaciones a los partidos o a los candidatos para financiarlos. Por tanto, prácticamente sólo los millonarios y pudientes, o quienes reciben financiamiento de entidades privadas pueden candidatear, mientras la inmensa mayoría de ciudadanos nunca pueden ser candidatos, salvo algunos líderes sociales o ambientalistas muy conocidos o que tienen cierto grado de popularidad entre la población por su trayectoria. Por lo tanto, varios partidos y muchos de los candidatos resultan condicionados por intereses privados (incluso extranjeros), y pueden ser objeto de soborno y estar inmersos en corrupción, como ha quedado evidenciado en el escandaloso caso relacionado con la transnacional Odebrecht de financiar campañas de ciertos candidatos a cambio de recibir concesiones de obras sobrevaluadas.	No existen campañas electorales.  Los candidatos no pueden realizar ninguna actividad en favor de su candidatura.  La difusión de las fotos y las biografías de los candidatos la realizan las comisiones electorales en cada circunscripción, sin que los candidatos tengan necesidad de hacer gastos para tal difusión.  Por tanto, cualquier sencillo morador de cualquier barrio o caserío, o cualquier humilde trabajador o trabajadora, tiene muchísimas más posibilidades de ser candidato o candidata y de resultar elegido(a) a las diversas instancias de poder y de gobierno. Por lo tanto, los candidatos se deben a los vecinos, a los electores de sus respectivas circunscripciones y a las organizaciones de masas; no están condicionados por intereses privados. Los candidatos a nivel nacional y provincial tienen encuentros y reuniones con los electores de su distrito electoral – lo que podría denominarse campaña electoral – pero lo hacen juntos, excluyendo toda forma de promoción y competencia individual.
Una campaña electoral es en realidad una guerra electoral, y es totalmente desigual entre los diversos partidos que postulan, e incluso entre los diversos candidatos de un mismo partido: el que tiene más dinero o ha logrado mayor apoyo económico de ciertas empresas coloca y difunde más propaganda a su favor: paga más anuncios televisivos, radiales o impresos, se desplaza por más lugares y hasta da regalos a cambio de votos (aunque esto lo prohíba la nueva ley). Además, varios partidos y candidatos incurren en demagogia, ofreciendo obras u otros beneficios a la población, sabiendo que no las cumplirán más tarde o que no son de competencia del cargo al que postulan.	La difusión de las candidaturas de los miles de candidatos se hace en condiciones de igualdad para todos ellos: en los mismos lugares públicos, en el mismo tipo y tamaño de afiches, con el mismo tipo y tamaño de letra, etc.  La difusión de las candidaturas la hacen las Comisiones Electorales y consiste en colocar las fotos de los candidatos con sus respectivas biografías, señalando sus méritos y utilizando un lenguaje directo para que no parezca que se quiere dar preferencia a ciertos candidatos y no a otros. Los candidatos no tienen necesidad de gastar nada para que se difundan sus candidaturas.
El sufragio es obligatorio.  Los ciudadanos que no votan están sujetos a pagar una multa. A pesar de esta penalidad, siempre hay un alto porcentaje de abstencionismo. En las elecciones presidenciales 2016 (primera vuelta), de 22’331,772 electores hábiles, no votaron 4’032,242 (18.06%); de los 18’299,530 que sí votaron, hubo 15’133,545 votos válidos, 2’192,660 votos blancos (11.98%) y 973,325 votos nulos (5.32%); en la segunda vuelta, de 22’881,645 electores hábiles, no votaron 4’558,460 (24.885%); de los 18’323,185 que sí votaron, 17’133,170 fueron votos válidos, 149,440 votos blancos (0.82%) y 1’040,575 votos nulos (5.68%).	El sufragio es voluntario.  No se establecen multas por no votar. A pesar de que nadie está obligado a acudir a votar, la concurrencia de los ciudadanos a las urnas es masiva; en la mayoría de procesos eleccionarios realizados desde 1976 el abstencionismo no sobrepasaba el 5%.  En las elecciones del 11 de marzo del 2018, en las que fueron elegidos los 605 diputados de la Asamblea Nacional, de 8’639,839 ciudadanos habilitados, votaron 7’399,891 (85.65%); de estos sufragios, los votos válidos fueron el 94.42%, votaron en blanco 4.32% y sólo 1.26% fueron votos nulos.
El día de las elecciones los locales de votación son custodiados por soldados o policías.	El día de las elecciones las ánforas de cada mesa (en Cuba se las llama urnas) son custodiadas simbólicamente por niños, por escolares (los pioneros).
Antes del sufragio, los miembros de mesa son quienes verifican que las ánforas estén vacías y que no haya propaganda electoral en la cámara secreta.  Esto lo hacen ante los personeros de cada partido solamente.	Antes del sufragio, los miembros de mesa invitan al público a comprobar que las urnas estén completamente vacías, antes de proceder a sellarlas y ponerlas en custodia de los niños que las cuidarán durante toda la jornada.
El voto es totalmente secreto.	El voto es totalmente secreto.
Al concluir la votación se realiza el escrutinio a puertas cerradas, en presencia solamente de los personeros de los partidos acreditados.	Al concluir la votación se realiza el escrutinio en forma pública.  Además de los ciudadanos cubanos lo pueden presenciar los diplomáticos, los periodistas y los visitantes extranjeros.
Los resultados finales de cada mesa, con los votos obtenidos por cada candidato, así como también los votos nulos y en blanco, son publicados en cada centro electoral.	Los resultados finales de cada mesa, con los votos obtenidos por cada candidato, los votos nulos y los votos en blanco son expuestos en cada centro electoral y en otros lugares de cada circunscripción.
Los alcaldes y concejales distritales y provinciales, así como los presidentes regionales y consejeros, los congresistas, y el Presidente y vicepresidentes de la República son elegidos directamente mediante el voto secreto de los ciudadanos, de entre las listas de candidatos presentadas por los diversos partidos o agrupaciones políticas que quedaron habilitadas para participar en el proceso electoral.	Los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular son elegidos directamente por el voto secreto de los ciudadanos de las respectivas circunscripciones, a razón de un delegado por cada circunscripción electoral del municipio.  Para resultar elegidos necesitan haber sacado más del 50% de los votos válidos. Hasta 1992, las Asambleas Provinciales del Poder Popular y la Asamblea Nacional del Poder Popular eran integradas por personas elegidas por las Asambleas Municipales del Poder Popular; es decir, eran elecciones de segundo grado. En ese año se reformó la Constitución y la ley electoral, y de allí en adelante las Asambleas Municipales del Poder Popular deciden quiénes serán los candidatos a las Asambleas Provinciales y a la Asamblea Nacional, pero todos ellos son sometidos a elección por los ciudadanos de los respectivos distritos electorales.  La mitad de los candidatos son delegados de circunscripción (municipio o distrito); la otra mitad pueden ser otros ciudadanos de la localidad, o dirigentes nacionales o territoriales propuestos por las organizaciones de masas.  Las propuestas para integrar las listas de candidatos las hacen las Comisiones de Candidaturas, teniendo en cuenta en tales listas a delegados de las AMPP y a miembros de las diversas organizaciones de la sociedad civil (sindicatos obreros, organizaciones campesinas, organizaciones estudiantiles, etc.), y las someten a consideración de las respectivas AMPP. Luego, las Asambleas Municipales del Poder Popular aprueban y deciden (o sea, nominan) a quiénes presentarán como candidatos a delegados a las Asambleas Provinciales y como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Finalmente, son los electores quienes eligen, mediante voto directo y secreto, a los delegados y a los diputados.
Representatividad por habitante en el Parlamento.  La población del Perú era de 31’488,625 habitantes al 30.6.2016 (INEI, 11.7.2016).  El Congreso tiene 130 congresistas.  Por lo tanto, un congresista representa a 242,220 peruanos.	Representatividad por habitante en el Parlamento.  La población de Cuba es de 11’200,000 habitantes.  La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene 605 diputados.  Por lo tanto, un diputado representa a 18,512 cubanos.
Representatividad territorial  en el Congreso.  En las elecciones generales se elige a cierto número de congresistas o diputados por cada departamento, en base a la población departamental.  Los departamentos son territorios mucho más amplios que las provincias, pues un departamento está constituido por varias provincias.  Sí hay representatividad por departamento, pero no hay representatividad por provincias y mucho menos por distritos en el Congreso de la República.	Representatividad territorial en el Parlamento.  En las elecciones generales corresponde elegir dos diputados al Parlamento o Asamblea Nacional por cada uno de los municipios (distritos) en que se divide políticamente el país.  De los 605 diputados que conforman la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular y que toman posesión el 18 de abril, todos ellos representan a los 168 municipios (hay más de 2 representantes por municipio porque varios de ellos, como por ejemplo 14 de los 15 municipios de la provincia de La Habana, están subdivididos en distritos electorales que eligieron sus respectivos diputados).  Por lo tanto, la representatividad geográfica es muchísimo más alta que en el Perú.
Representatividad de las organizaciones de masas o de bases en el Congreso.  En el Perú, las comunidades indígenas y campesinas, las organizaciones de obreros u otras no tienen representantes en el Congreso porque la ley electoral no establece que las organizaciones de masas propongan listas de candidatos a congresistas.  Si bien es cierto pueden salir electos algunos congresistas procedentes de estas organizaciones, es porque algunos partidos (generalmente de izquierda) los consideraron en sus listas de candidatos al Congreso y obtuvieron los votos necesarios para salir elegidos.	Representatividad de las organizaciones masas o de bases en el Parlamento.  En Cuba, las organizaciones de masas (Central de Trabajadores de Cuba, Comités de Defensa de la Revolución, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Federación de Mujeres Cubanas, Federación de Estudiantes Universitarios y Federación de Estudiantes de Enseñanza Media) tienen diputados que las representan en la Asamblea Nacional; estas organizaciones los seleccionaron como pre-candidatos y luego las 168 asambleas municipales (AMPP) del país los nominaron como candidatos a diputados.
El Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente de la República son elegidos directamente mediante voto secreto de los electores, de entre las planchas presidenciales de candidatos presentadas por los diversos partidos políticos que compiten.	El Presidente, Primer Vicepresidente, 5 Vicepresidentes, un Secretario y 23 miembros más del Consejo de Estado son elegidos por los 605 Diputados que conforman el Parlamento o Asamblea Nacional del Poder Popular, de entre sus propios miembros.  Pero todos los diputados fueron elegidos previamente por los ciudadanos de todo el país mediante voto directo  secreto.
El Presidente del Consejo de Ministros y los demás Ministros que conforman el Poder Ejecutivo o Consejo de Ministros son designados por el Presidente de la República electo, y juramentados por él en sesión solemne en Palacio de Gobierno.	El Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes, el Secretario y los Ministros que integrarán el Poder Ejecutivo o Consejo de Ministros son propuestos ante el Parlamento por el Presidente del Consejo de Estado electo, pero es la Asamblea Nacional del Poder Popular la que los designa.
El presidente, los vicepresidentes, los congresistas, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores electos perciben altos sueldos o dietas y una serie de beneficios y ventajas por ejercer las labores para las que fueron elegidos.	Ningún representante, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular o delegado de las asambleas provinciales o municipales del poder popular, recibe remuneración alguna (llámese salario, dieta o cualquier prestación o beneficio) por el desempeño de la labor para la cual fue elegido.  Los que tienen que dedicarse a tiempo completo para asegurar el funcionamiento de las asambleas reciben el mismo salario que tenían anteriormente en el lugar de trabajo de donde procedían, y al cual regresan cuando termina su mandato.
Los que resultaron elegidos no tienen obligación de rendir cuentas a sus electores.  Incluso, hay quienes que, al llegar a los cargos de gobierno, hacen todo lo contrario de lo que prometieron durante sus campañas. Por lo general se olvidan de sus electores y se vuelven a acordar cuando llega la siguiente campaña electoral. No hay revocatoria para congresistas, consejeros regionales ni concejales.	Todos los elegidos deben rendir cuenta de su labor periódicamente ante sus electores, quienes pueden revocar sus mandatos en cualquier momento.

Lo expuesto hasta aquí se refiere solamente al ejercicio de la democracia representativa.  Sin embargo, la democracia socialista cubana y la participación ciudadana no se limitan a la intervención real de los ciudadanos en el sistema electoral (escogiendo, postulando, eligiendo, controlando y revocando a sus representantes), sino que son más amplias y profundas y abarcan todos los aspectos de la vida social.  Las organizaciones de masas, asociaciones de profesionales e instituciones de Cuba, que agrupan a los diversos sectores de la sociedad, intervienen de manera real y efectiva en el control y en la dirección del Estado y de la sociedad, y ninguna decisión sobre asuntos que involucren a sus integrantes o al pueblo en su conjunto se toma sin su consentimiento. En los centros laborales y otros son cotidianas las asambleas de análisis y discusión sobre los diversos temas que atañen al país y a la sociedad, en las que millones de cubanos discuten las políticas, planes, objetivos y medidas propuestas por el partido o por los órganos estatales y de gobierno, y hacen observaciones y modificaciones que luego se recogen y elevan para que se aprueben en las máximas instancias del Estado.

Así por ejemplo, el 9 de noviembre del 2010 fue publicado el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, que elaboró la dirección del Partido Comunista de Cuba en la perspectiva de la actualización del sistema o modelo socialista; este documento contenía 291 directrices de política sobre diversos sectores económicos y sociales y con respecto a la política económica externa. El PCC no los impuso sino que impulsó su debate con toda la población. Primero fueron analizados en dos sesiones completas de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre del 2010. Desde esa fecha hasta febrero del 2011, los 291 lineamientos fueron analizados y discutidos en 163,079 reuniones (en organizaciones de base, centros de trabajo, centros de estudio y en los barrios), en las que participaron 8 millones 913,838 personas, quienes hicieron más de 3 millones de intervenciones que fueron agrupadas en 781,644 opiniones; de éstas, más de 395 mil opiniones fueron aceptadas e incluidas en la reformulación de las directrices.  Como resultado de este amplísimo debate, de los 291 lineamientos originales 94 se mantuvieron, 181 fueron modificados, 16 se integraron con otros y 36 nuevos fueron incorporados, resultando un total de 311 lineamientos.  En una segunda etapa (8 al 10 de abril del 2011), las 311 orientaciones resultantes fueron analizadas en cada una de las provincias de Cuba por los delegados e invitados al VI Congreso del PCC; estas plenarias provinciales presentaron 257 propuestas acerca de 146 directrices.  En una tercera etapa, durante la realización del VI Congreso del PCC (17 y 18 de abril del 2011), los 311 lineamientos y las propuestas presentadas por las plenarias provinciales fueron discutidos en cinco comisiones de trabajo, en las que participaron 986 delegados al congreso partidario y 97 invitados; como resultado, se modificaron 86 lineamientos y se incluyeron 2 más, haciendo un total de 313 lineamientos.  Finalmente, el 1 de agosto del 2011, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó los Lineamientos de Política Económica y Social.

Estas son algunas características fundamentales de la democracia socialista cubana, en la que el pueblo cubano no sólo tiene libertad para elegir, fiscalizar y revocar a sus representantes en los órganos estatales, sino que es consultado sobre las cuestiones trascendentales y sus propuestas se toman en cuenta y se incorporan para la dirección del Estado y la mejora de la sociedad.  En cambio, en las democracias capitalistas los legisladores y gobernantes aprueban leyes, decretos, políticas y medidas jamás consultadas con la población, e, incluso, poderosos grupos económicos y financieros nacionales y supranacionales (como el FMI y el Banco Mundial) son los que las dictan y ejercen presión para que los gobiernos de turno las implementen.

Cajamarca (PERÚ), 18 de abril del 2018